Vulnerar la dignidad

Trabajadores del Hospital Universitario de Caracas (HUC) denunciaron que la directiva de esta institución rechazó un donativo de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) a pesar de la compleja crisis humanitaria que vivimos. El Ministerio de Salud y la directiva del hospital emitieron un comunicado para explicar su decisión, alegando que los medicamentos donados “no poseen el registro sanitario indispensable” para ser utilizados en el país; demandando respeto a la legislación vigente y, lo más grave, exhibiendo en apenas cinco considerandos una contradicción indisculpable: según ellos, no hay medicamentos porque miembros del Gobierno han sido sancionados, pero aseguran que “Venezuela posee recursos propios suficientes para la adquisición de todos los medicamentos (...) y no es susceptible de miserias que dobleguen su dignidad”, sugiriendo como una ayuda más pertinente el cese de las sanciones a sus líderes.

El sadismo del chavismo

El Gobierno venezolano logró acumular una deuda de $4.000 millones con la industria farmacéutica y sin ningún compromiso de pago, el sector fue desmantelado, multiplicando la vulnerabilidad de una población con menos ingresos, menos comida y peores servicios básicos, cuando los hay. En este escenario, en Venezuela cualquier medicamento cuesta mucho más de lo que puede valer en otro país. Cada día mueren personas por enfermedades tratables, no necesariamente complejas, pero el hallazgo de medicinas está prácticamente limitado a esfuerzos privados, con centenas de personas pidiendo en redes lo que no consiguen en farmacias, apostando a que alguien lo tenga. Como es lógico, los oferentes siempre son menos y cada caso compite con muchos, por eso, todo medicamento es bienvenido, salvo para el Gobierno.

La oferta oficial

A la farmacia de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Los Ruices, tienes que ir sano y con mucho tiempo disponible. La poca tecnología que tiene el sistema queda supeditada al talento de quienes la administran y así, la inversión es un gasto. Un papel mal impreso con el logo del IVSS es más importante que el software que regula el proceso, uno comprensible solo para quienes ya lo han vivido. El viernes fui por primera vez y estaba más perdida que el hijo de Lindbergh, porque nadie ofrece información y la mayoría de los funcionarios opera con hostilidad. El código impreso con el que ingresas a la sala sirve apenas para la mitad del proceso, hasta que un funcionario revisa que cada récipe tenga los 7 requisitos que demandan: fecha de emisión; nombre de un medicamento por récipe, nombre y cédula de identidad del paciente, nombre, firma y sello del médico tratante. Si falta alguno de estos elementos, el récipe es descartado. En adelante, debes esperar hasta que un funcionario grite tu nombre y solo entonces sabrás qué de lo recetado te han asignado por disposición en inventario.

“Aquí no se habla mal de Chávez”

Esa sala inmensa, con filas de sillas metálicas y mala ventilación, solo exhibe como decoración una versión libre de los ojos virolos del finado y a su derecha, la frase que encabeza estas líneas, un insulto innecesario y un estímulo a hacer lo contrario. A la sala solo pueden entrar acompañadas personas con la movilidad muy comprometida y aunque nadie explica por qué, no puedes utilizar tu teléfono, así que solo te queda conversar con los demás y esto también es regulado por quienes “mantienen el orden en la sala”, una horda uniformada con franelas verde oliva y una inmensa necesidad de sentirse superiores, de humillarte, solo porque tienen el poder relativo para hacerlo. Es ese rasgo del chavismo que sabemos, no se sacia, no acaba y detona al margen del grado de autoridad del sujeto. Te humillo para recordarte quién manda, para que te sepas dominado; lo hago y reviso las reacciones, porque sin contrarío, no hay placer al humillar. Nada justifica la degradación, pero cuando lo ves ocurrir varias veces contra personas frágiles (enfermos, adultos mayores, etc.), el insulto muta a aberración.

Un poco más de patria

Al salir de la farmacia, toda yo era un berrinche, pero uno infantil, primario; con los pómulos enrojecidos, sin poder contener las lágrimas, tratando de caminar más rápido para que la velocidad me imposibilitara patear algo; con el absurdo deseo de que mi esposo intuyera la razón de mi indignación y así acompañara mi agobio por cada persona maltratada, por cada paciente que no obtuvo lo que necesitaba porque no hay. Negarse a recibir ayuda humanitaria es otro tipo de decreto a muerte. El que se salva de la desnutrición, tiene que lidiar con la tragedia sanitaria, con las enfermedades virales, con la escasez de medicamentos, con la soberbia de unos corruptos que, después de colapsar el país, se reservan la potestad de decidir cuál ayuda les complace y cuál les veja, porque su dignidad es más importante que la salud de los ciudadanos, porque la soberanía prela sobre el derecho a la vida.

Una confesión grave

​Los periodistas César Miguel Rondón y Lila Vanorio entrevistaron ​en radio ​a una de las mencionadas en el comunicado del HCU, la doctora Thaís Rebolledo, la única de los ocho firmantes cuya rúbrica fue sustituida con el término “En resguardo”. Rebolledo afirmó: "Dadas las sanciones que tenemos, no se han podido comprar medicamentos", ratificando la contradicción de los considerandos 1 y 5. También repitió al calco que solo cumpliendo con la legislación se garantiza la integridad del pueblo y que se ayuda más con el levantamiento de las sanciones que con donaciones indignas. La doctora Rebolledo mintió. El Gobierno no tiene cómo vincular las sanciones individuales contra sus líderes con la escasa compra de medicamentos, ni siquiera suponiendo que los recursos congelados en sus cuentas personales hayan sido desviados de fondos públicos, pues, amén de la admisión de corrupción, faltaría el cotejo entre personas, partidas e instituciones.

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El Gobierno ratifica que vulnerar la dignidad de los venezolanos es un terreno de su exclusiva potestad, eso explica la rotundidad de su negativa a recibir ayuda humanitaria y cuánto y cómo se ha agudizado nuestra crisis. Humillarnos es su prerrogativa, limitarnos es su atribución, matarnos es su facultad. El comunicado servirá para enjuiciar en el futuro a los responsables de otra decisión que niega la recepción de insumos y medicamentos escasos. Es una decisión política y así deberá ser juzgada.